la II República en Almáchar
- Francisco Miguel González López
- 25 ene
- 17 Min. de lectura
Actualizado: hace 6 días
VIÑAS Y TIERRAS
Almáchar se alza sobre una loma situada a 246 metros de altitud, dominando un paisaje pizarroso y quebrado por el discurrir de dos ríos que permanecen secos la mayor parte del año. En sus inmediaciones, el terreno se eleva de forma abrupta, formando pendientes tan pronunciadas que apenas permiten el tránsito. Esta orografía singular ha resultado sin embargo propicia para el cultivo de la vid, que se extendía por las laderas como un tapiz salpicado de viñas verdes y doradas.
Durante generaciones, las manos de los almarchareños modelaron pacientemente este paisaje agreste. A fuerza de cavar la tierra y levantar balates de piedra, transformaron el pasiaje en terrazas fértiles, donde crecen las cepas entre muros de contención que aún hoy testimonian el esfuerzo colectivo de un pueblo entero.
El término municipal, con apenas quince kilómetros cuadrados, albergaba un puzle de medianas propiedades. Muchos de sus propietarios, sin embargo, poseían tierras en municipios limítrofes como El Borge, Vélez, Cútar o Comares, ampliando así su influencia económica más allá de los límites del propio término.
Desde tiempos inmemoriales, la vid ha constituido el eje exclusivo de la economía local. La pasa, producto estrella de la comarca, se exportaba a través del puerto de Málaga y, gracias a este negocio, sustentaba a buena parte de la población. Tras el devastador episodio de la filoxera (1878), Almáchar logró recuperarse con relativa rapidez, hasta convertirse en uno de los municipios con mayor producción agrícola de la provincia.
El trabajo de las viñas era entonces duro y agotador. Comenzaba con la poda invernal, proseguía con la cava y el cuidado de las cepas, y culminaba con la vendimia, cuando la uva debía transportarse a hombros por aquellos senderos escarpados. Nada era fácil en aquel paisaje abrupto.
Durante los meses de verano, muchos jornaleros se veían obligados a emigrar temporalmente a otras zonas de Andalucía en busca de sustento, regresando a finales de julio para participar en la recolección. La vida campesina estaba marcada por largas jornadas, salarios exiguos y una absoluta carencia de derechos laborales. El jornal apenas alcanzaba para subsistir y, ante la enfermedad o la inclemencia del tiempo, no existía protección alguna.
La estructura social se hallaba profundamente jerarquizada: un reducido grupo de familias concentraba el poder económico, comercial y político, mientras la mayoría de la población sobrevivía en condiciones de extrema precariedad.
Este sistema se sostenía gracias al caciquismo, la dependencia económica y la falta de acceso a la educación. La desigualdad era evidente y la resignación, generalizada. Sin embargo, bajo esa aparente quietud se gestaba un malestar latente. En ese contexto de desequilibrio económico comenzaron a germinar las ideas republicanas y obreras que, con el paso del tiempo, desempeñarían un papel decisivo en la vida política de Almáchar.
EL DÍA QUE SE PROCLAMÓ EL NUEVO RÉGIMEN
Tras las elecciones que otorgaron una notable victoria a las candidaturas republicanas, el 14 de abril de 1931 fue proclamada la Segunda República en España. El rey Alfonso XIII partió al exilio y se abrió así un nuevo período político que despertó enormes expectativas entre las clases populares y, muy especialmente, entre los sectores obreros, que veían en el nuevo régimen la posibilidad de un cambio profundo.
La noticia fue acogida con extraordinario entusiasmo en buena parte del país, y también en Almáchar, donde la proclamación de la República se celebró con una manifestación de júbilo formada por vecinos de localidades cercanas, la cual entró en el pueblo por el camino del río al grito de «¡Viva la República!» y «¡Viva Alcalá-Zamora!». Las calles se llenaron de gente y la bandera tricolor —roja, amarilla y morada— encabezó un desfile espontáneo que simbolizaba una nueva esperanza.
Entre la multitud se encontraba un muchacho de unos dieciséis años, Ramón Portillo Santiago, que, sin comprender del todo el significado político de lo que estaba ocurriendo, se sumó al entusiasmo colectivo, repitiendo los vítores que escuchaba a su alrededor. La escena adquirió un tono casi costumbrista cuando, al llegar a la plaza de la Iglesia, el joven reparó en un anciano del pueblo, conocido popularmente como “Zamora”, de conocidas ideas monárquicas y religiosas. El hombre, medio sordo, interpretó erróneamente los gritos de la multitud como una amenaza personal y, presa del pánico, salió huyendo entre lamentos, convencido de que venían a por él, hasta refugiarse en su casa.
Otro niño almarchareño de seis años, Miguel Cisneros Fernández, después de observar aquel desfile, se acercó a unos muchachos que golpeaban con palos la boca de un pozo al tiempo que gritaban «¡Viva la República!». Aquel eco metálico, repetido una y otra vez, simbolizaba, sin saberlo, el despertar político incluso entre los más pequeños. Al llegar a casa, el niño comentó ingenuamente a su madrina que había visto “una procesión sin santos”.
Así transcurrió el primer día de la República en Almáchar. Sin embargo, la normalidad duró poco. Las elecciones fueron impugnadas en el municipio, bien por iniciativa de los republicanos, que denunciaban el caciquismo local y las irregularidades habituales en los procesos electorales. Lo cierto es que hubo que esperar hasta el mes de mayo para celebrar una segunda votación.
Durante ese intervalo se constituyó una Comisión Gestora, presidida por Francisco Muñoz Fernández, un republicano veterano. Finalmente, en los nuevos comicios concurrieron diez monárquicos, cinco radical-socialistas y cinco socialistas. El pacto entre estos últimos otorgó la victoria al bloque republicano-socialista, lo que supuso el primer revés serio para las derechas locales y marcó el inicio de una nueva etapa política en la vida del municipio.
BIENIO REFORMISTA
La nueva corporación republicana dio luz verde a una serie de mecanismos reformistas destinados a transformar las viejas estructuras sociales y económicas del país.
En Almáchar, el nuevo Ayuntamiento —integrado por cinco concejales socialistas y cinco radical-socialistas— asumió ese impulso renovador y creó la Junta Mixta Arbitral de Trabajo Rural, un órgano tutelado por la Alcaldía cuyo objetivo era reunir a patronos y obreros para consensuar las condiciones laborales y tratar de armonizar unas relaciones históricamente desiguales. Esta Junta abordaba cuestiones como la duración de la jornada laboral, los salarios con o sin manutención, la abolición del destajo o las indemnizaciones por despido.
No obstante, el intento de conciliación pronto chocó con la realidad. Los patronos del municipio ejercieron el boicot y se resistieron a aceptar las nuevas normas, temerosos de perder su tradicional posición de dominio. A ello se sumaba una coyuntura económica adversa, agravada por la escasez presupuestaria y el elevado número de jornaleros sin tierra, lo que intensificó el desempleo y la tensión social.
La situación era compleja: unos 321 propietarios y labradores debían dar trabajo a 405 jornaleros censados, una proporción que, aunque aparentemente equilibrada, generó fricciones constantes. El Delegado de Trabajo visitó el pueblo en varias ocasiones, obligando a ambas partes a firmar laudos con el propósito de desbloquear el conflicto. No obstante, una vez firmados, los patronos eludían su cumplimiento. A pesar de ello, el 15 de noviembre de 1931 se logró cerrar el primer acuerdo relativo a las faenas de invierno, que supuso un alivio momentáneo.
Las relaciones entre ambos bloques se quebraron el 15 de diciembre. La sociedad obrera El Porvenir, ante la pasividad patronal, convocó una huelga. La huelga transcurrió sin incidentes graves, pero el alcalde socialista, Vicente Barranquero Ruiz, elevó una denuncia al Gobernador Civil y se vio obligado a imponer multas de mil pesetas a varios propietarios que incumplían los acuerdos, entre ellos Cristóbal Villalba Gámez, Juan Palma Gutiérrez y Salvador Alcántara.
Pocos días después, el 19 de diciembre, se reunió en la capital una Comisión Mixta presidida por el Delegado de la Gobernación, Diego Reverte Fructuoso. De aquel encuentro surgieron nuevas bases de trabajo, y algunos patronos recurrieron legalmente las sanciones impuestas. A comienzos de 1932 el conflicto seguía abierto. Las protestas obreras continuaban y el propio ministro de Trabajo, Francisco Largo Caballero, tuvo conocimiento de la situación tras recibir una denuncia de la agrupación socialista local. Aun así, la ineficacia administrativa hizo que nada cambiara sustancialmente.
Las tensiones se agravaron con la aplicación de la Ley de Términos Municipales, que obligaba a contratar preferentemente a los trabajadores locales inscritos en una Bolsa de Trabajo local. El 26 de febrero, el alcalde multó a varios propietarios por emplear a obreros forasteros. La medida, aunque concebida para proteger a los trabajadores del municipio, acabó generando situaciones de extrema dureza, pues impedía a los jornaleros desplazarse a otras zonas en busca de trabajo durante los meses de inactividad agrícola.
Esta normativa también perjudicó a los propietarios que poseían tierras fuera del término municipal. Un ejemplo revelador es la carta enviada por José Palma Gutiérrez a la Junta Mixta, en la que explicaba cómo se le había impedido trabajar su finca en El Borge y se le había obligado a prescindir de su encargado, a pesar de llevar años desempeñando esa labor. El escrito reflejaba el creciente malestar de los medianos propietarios que se vieron sometidos por una legislación que consideraban injusta y mal aplicada.
Mientras tanto, el conflicto se extendía por toda Andalucía. A comienzos de mayo, numerosas huelgas afectaron a los jornaleros almarchareños que tradicionalmente acudían a la siega en otras provincias. La prensa recogía con crudeza la situación: el precio del pan aumentaba, el paro se generalizaba y muchas familias regresaban a sus pueblos sin recursos, algunas incluso dependiendo de la caridad pública para sobrevivir.
En ese clima de miseria y desesperación, la muerte del joven obrero José Yuste Gómez, a los veintinueve años, causó una profunda conmoción en Almáchar. Su viuda, Isabel Martín Villalba, y su hijo de pocos meses quedaron desamparados, y varios vecinos de posición acomodada organizaron una colecta para ayudarlos, entre cuyos donantes se encontraban Francisco Palma Santana, Federico Gámez Fernández (propietarios), Santiago Ortega Pulido (maestro de escuela), Francisco Gómez Martín (maestro sin ejercer) y el cura párroco Telésforo García Piedecasa.
Finalmente, el Ayuntamiento logró acogerse a un crédito estatal destinado a paliar el paro, del que a Almáchar le correspondieron algo más de cinco mil pesetas. Este dinero se empleó en obras de caminos vecinales, permitiendo dar trabajo temporal a numerosos jornaleros y aliviar, aunque solo de manera momentánea, la grave situación social que atravesaba el municipio.
EL CONFLITO PASERO
Mientras tanto, en el mes de septiembre de 1932 estalló a escala provincial el conocido como conflicto pasero, una crisis que afectó de lleno a la economía de la Axarquía. Con el inicio de la vendimia y ante el brusco descenso de las exportaciones, los almacenistas comenzaron a comprar las cajas de pasas a precios muy bajos, lo que hacía inviable que los pequeños y medianos propietarios pudieran siquiera cubrir ni los gastos de producción ni los costes de la recolección.
Ante este panorama, los propietarios de Almáchar elevaron un escrito al Gobernador Civil en el que denunciaban la gravedad del momento. En él exponían los elevados gastos derivados del cultivo, los abonos, la recolección y los impuestos, y advertían de que, de continuar aquella situación, no podrían solicitar créditos ni contratar mano de obra. Ello equivalía, en la práctica, a la paralización del campo y al estallido de un grave conflicto social, pues la pasa constituía casi el único producto de comercialización del municipio.
La protesta no quedó circunscrita a Almáchar. Una comisión integrada por más de una veintena de alcaldes de la comarca, encabezada de manera significativa por el poeta veleño Salvador Rueda, se desplazó a la capital para entrevistarse con el gobernador civil, Díaz Villamil, y exponerle la magnitud del problema. Fruto de aquellas gestiones, el 24 de octubre de 1932 se celebró en Vélez-Málaga una asamblea de propietarios de viñedos en la que se debatieron soluciones urgentes para salvar la campaña.
De aquel encuentro surgieron varias propuestas fundamentales: la elaboración de un censo provincial de viñeros, la creación de una cuenta especial en el Banco de España para facilitar créditos a los productores con garantías asumibles, la supresión de impuestos y arbitrios que gravaban la pasa moscatel, la implantación de tarifas ferroviarias reducidas con vagones adecuados para el transporte de la uva pasa y la disminución de los costes del transporte marítimo.
Este episodio puso de manifiesto hasta qué punto la crisis agrícola había alcanzado dimensiones estructurales y cómo la economía tradicional de Almáchar, basada casi exclusivamente en la vid, se encontraba al borde del colapso.
PATRONOS ENCARCELADOS
El año 1933 estallan las tensiones entre los socialistas y los sectores conservadores del pueblo. En representación del Partido Republicano Radical, un nutrido grupo compuesto por 500 vecinos contactaron con el Diputado Eduardo Frápolli, quien le entregaría una extensa carta al Gobernador con sus quejas, basadas en abusos del ayuntamiento, destitución injustificada del oficial de secretaría, prohibiciones de los toques de campana, imposiciones de multas, etc. Según esta reclamación, el clima de miedo e inseguridad en el pueblo es constante.
Ciertamente, Como algunos patronos se negaban rotundamente a asistir a las negociaciones con la clase trabajadora, fueron encarcelados, por poco tiempo, excusa que formó parte de los reproches de la anterior carta.
El asunto se resolvió rápidamente. El 14 de enero llegó a Almáchar una delegación gubernativa acompañada del secretario del Juzgado de Primera Instancia de Vélez‐Málaga para instruir expediente sobre la actuación del Ayuntamiento y posibles irregularidades. Los ánimos parecieron calmarse por ahora.
Poco después, se produce una crisis de Estado. Se disuelven las Cortes y se convocan nuevas elecciones el 19 de noviembre de 1933. La lucha electoral se centra en captar el voto de las mujeres a quienes, por fin, se les concede el sufragio femenino. Nunca antes habían tenido el derecho a votar y ahora podrían disfrutar de este beneficio. Pero, un amplio sector de la izquierda política opinaba que la mujer no estaba preparada para esto, sencillamente porque, desde siempre, los detractores habían notado que estaba muy apegada a la Iglesia, suponiendo que este factor influiría en sus decisiones para que votase a la derecha. En este caso, los socialistas de Almáchar temían la influencia de la Iglesia en el voto femenino.
LA PRIMERA BODA CIVIL
El 1 de marzo de 1933 se celebró la primera boda civil de la historia de Almáchar, ley que promulgó la República como muestra del carácter aconfesional del Estado, un nuevo desafío contra el poder moral que ejercía la iglesia. Hoy en día es un hecho perfectamente aceptado por la sociedad que dos personas puedan casarse por lo civil, pero, por entonces, no era tal el caso. De hecho, muchos vecinos religiosos en el pueblo no vieron con buenos ojos esta boda civil. Al casarse por el juzgado muchas parejas se arriesgaban a ser rechazados por el vecindario más ortodoxo.
No obstante, se celebró. Fue un día soleado. La novia, Mariquilla Ruiz Navas, iba ataviada con un vestido color amapola; el novio, Francisco Reyes González, con chaqueta clásica. Se trasladaron al Ayuntamiento donde el juez, Matías Cisneros González, los casó. Luego, los novios, el alcalde, el juez y una bandera tricolor guiaron a la muchedumbre hasta la casa de los recién casados y, aquí, se les dio dulces y licores a los invitados.
UN ENTIRERRO POLÉMICO
La Iglesia representaba en Almáchar el conservadurismo andaluz más arraigado, un poder tradicional que durante generaciones había condicionado no solo la vida religiosa, sino también la moral y, en muchos casos, la voluntad de los vecinos. Desde antiguo existía una marcada división política y social. Por un lado, se situaban las familias identificadas con los valores católicos, que constituían aproximadamente la mitad de la población y representaban el bloque conservador. Frente a ellas se alineaban quienes rechazaban la influencia clerical y se adscribían a las ideas progresistas. Entre ambos extremos se encontraba un reducido grupo de vecinos que, aun militando en partidos de izquierda, mantenían el respeto por el culto y las tradiciones religiosas. Tal fue el caso de José Alcántara Reyes, alcalde en 1932 por el Partido Radical-Socialista, quien, pese al carácter laico de su partido, bautizó a su hija por la Iglesia.
Entre 1931 y 1933, socialistas y radical-socialistas gobernaron el municipio e impulsaron una serie de medidas que chocaron frontalmente con los intereses eclesiásticos. Entre ellas destacaron la suspensión del toque de campanas y la prohibición de los desfiles fúnebres, decisiones que fueron aplicadas con firmeza. La reacción no tardó en producirse: se recogieron firmas que fueron remitidas al Gobernador Civil solicitando el mantenimiento de unas costumbres consideradas tradicionales y propias del pueblo. Finalmente, la autoridad provincial ordenó restablecer dichas prácticas, pese a la oposición del Ayuntamiento.
Otro foco de conflicto fue la implantación de la enseñanza laica. El aumento de los horarios escolares y la creación de escuelas para combatir el analfabetismo —muy extendido por entonces— chocaron con la mentalidad tradicional. El clero se oponía especialmente a que los niños asistieran a clase los domingos, día que consideraba reservado al culto, pues los menores pasaban el resto de la semana ayudando en las labores agrícolas de la familia.
La tensión latente estalló de forma abierta el 10 de enero de 1933, con motivo del entierro de don Juan Polena Gutiérrez, un vecino de origen asturiano. El funeral, celebrado conforme al rito católico y presidido por el párroco don Telésforo García, transcurrió inicialmente con normalidad. Sin embargo, el alcalde socialista Manuel Gámez Gámez intentó modificar el recorrido tradicional del cortejo fúnebre alegando razones de orden público. La negativa del sacerdote, respaldada de inmediato por la mayoría de los asistentes, dio lugar a un tenso enfrentamiento verbal.
Aunque el sepelio concluyó sin incidentes mayores, el alcalde ordenó posteriormente la detención del párroco, decisión que provocó una reacción popular sin precedentes. Vecinos de todas las edades se concentraron ante el Ayuntamiento exigiendo su liberación, en un clima de gran exaltación que estuvo a punto de derivar en disturbios. Solo la intervención prudente de la Guardia Civil logró contener a la multitud y evitar consecuencias más graves, permitiendo finalmente la puesta en libertad del sacerdote.
Como consecuencia de estos hechos, el Gobernador Civil decidió destituir al alcalde Manuel Gámez Gámez, nombrando en su lugar a Manuel España Palma, en un intento de restablecer la calma y reconducir una situación cada vez más tensa.
CAMPAÑA ELECTORAL
Las segundas elecciones del joven régimen (noviembre de 1933) se desarrolló en Almáchar en un clima de creciente tirantez. Los sectores conservadores, reorganizados en torno a Acción Popular y reforzados por el Partido Radical, acudieron a la contienda bajo lemas que apelaban al orden, la religión, la familia y la propiedad. Frente a ellos, las fuerzas de izquierda intentaban mantener el control del municipio en un ambiente cada vez más polarizado. Los mítines se sucedían casi a diario en las sedes políticas, y el tono del enfrentamiento fue subiendo progresivamente.
No faltaron los episodios de intimidación. Durante aquellas semanas circularon panfletos anónimos introducidos bajo las puertas de las viviendas en plena madrugada, con amenazas veladas dirigidas a los militantes de derechas, advirtiéndoles de que pusieran a salvo a sus hijos “para que no pagasen inocentes por culpables”. A ello se sumaron denuncias por la desaparición del alumbrado público en varias calles del municipio, lo que aumentó la sensación de inseguridad y crispación.
El día de las elecciones estuvo marcado también por los incidentes. En el colegio electoral del segundo distrito, el presidente de la mesa solicitó la intervención de la Guardia Civil ante el comportamiento del alguacil municipal, Adolfo Gutiérrez Cuevas, acusado de coaccionar a los votantes para favorecer determinadas candidaturas. Tras su detención, un grupo de jóvenes socialistas, encabezados por Andrés Martín —apoderado del candidato socialista López Rosas—, se lanzó a la calle en actitud desafiante. La tensión obligó a reforzar el dispositivo de seguridad con la llegada de efectivos de la Guardia Civil procedentes de El Borge, evitando así que la situación degenerase en un enfrentamiento mayor.
Los resultados confirmaron el cambio de rumbo político. El centro-derecha se impuso claramente en las urnas, siendo el Partido Radical de Alejandro Lerroux la fuerza más votada, seguido de Acción Popular. Los socialistas, que hasta entonces habían dominado la vida política local, fueron derrotados. De los 1.409 electores censados acudieron a votar 989, lo que supuso una abstención cercana al 30 %.
BIENIO CONSERVADOR
El acceso del centro-derecha al poder, fruto de la alianza entre radicales y fuerzas conservadoras, supuso un brusco freno a las reformas emprendidas durante el bienio anterior. La llegada de la CEDA —coalición de partidos católicos y de orientación conservadora— al Gobierno fue recibida con profunda inquietud por el Partido Socialista, que interpretó este giro político como una amenaza directa a los avances sociales alcanzados. Aquella tensión desembocaría en los graves sucesos de octubre de 1934, conocidos como la Revolución de Asturias.
La insurrección tuvo especial intensidad en Asturias y en algunos núcleos industriales de Cataluña, donde se produjeron enfrentamientos armados entre obreros y fuerzas del orden. En Málaga, sin embargo, la situación fue distinta. El movimiento obrero se hallaba debilitado tras meses de huelgas, y la falta de coordinación con la CNT —muy influyente en la capital, pero distanciada de los socialistas— impidió una respuesta organizada. Por ello, no se registraron incidentes de gravedad en la provincia.
En Almáchar, no obstante, el ambiente estaba cargado de expectación y nerviosismo. Las Juventudes Socialistas conocían que algo se estaba gestando, aunque nadie tenía certeza de si se trataba de una insurrección armada o de una huelga general de grandes proporciones. A uno de sus miembros, el joven Antonio Samos Gómez, se le encomendó una misión concreta por orden del comité de Málaga: reunir azúcar, gasolina y azufre, ocultarlos en un lugar seguro y enviarlos posteriormente a la capital. Aquellos materiales, según se sabía, podían utilizarse para la fabricación de artefactos explosivos de carácter rudimentario.
Cuando el Gobierno declaró el estado de guerra y ordenó la intervención del Ejército, la mayor parte de los focos de resistencia fueron sofocados con rapidez. Solo en Asturias la insurrección adquirió dimensiones dramáticas, prolongándose durante cerca de dos semanas y dejando tras de sí un balance devastador: más de un millar de muertos, la ciudad de Oviedo gravemente dañada, miles de detenidos y un sinfín de procesos judiciales abiertos en todo el país.
Las consecuencias políticas fueron inmediatas. Se clausuraron centros obreros, se suspendieron ayuntamientos con mayoría socialista y se persiguió de manera sistemática a las organizaciones de izquierda. El clima de represión y desconfianza se extendió por toda España.
Desde aquel momento, la polarización se acentuó de forma acelerada. El país quedó dividido en dos bloques enfrentados, cada vez más alejados entre sí, y el diálogo político dio paso a una dinámica de confrontación que, poco tiempo después, desembocaría en la tragedia definitiva.
VICTORIA DEL FRENTE POPULAR
Tras la victoria del Frente Popular en las elecciones del 16 de febrero de 1936, Almáchar se adentró en una etapa de intensa agitación política y social. Aunque la abstención fue elevada y la CEDA obtuvo un respaldo considerable, la unión de las fuerzas de izquierda permitió recuperar el control del Ayuntamiento. El ambiente de esperanza se manifestó con especial intensidad en los mítines celebrados en la Huerta del Guerra, donde oradores procedentes de distintos pueblos llamaron a la unidad del proletariado y a la reanudación de las reformas paralizadas durante el bienio anterior.
Sin embargo, aquella ilusión inicial se desplomó. El retorno de la izquierda al poder reactivó la Reforma Agraria y el intervencionismo municipal, medidas que despertaron un rechazo frontal por parte de la patronal, reacia a cumplir las nuevas obligaciones laborales y, en particular, a contratar a los obreros afiliados a la sociedad “Los Luchadores de Almáchar”.
La negativa sistemática de los propietarios a acatar la Ley de Laboreo Forzoso, unida al boicot de la Bolsa de Trabajo, desencadenó una espiral de conflictos. Los jornaleros, obligados a sindicarse para poder acceder al empleo, comprobaron cómo los patronos eludían las contrataciones y acumulaban impagos sin recibir sanción alguna. La pasividad de los organismos administrativos y la connivencia del aparato judicial con los intereses de los propietarios generaron una profunda frustración, tanto entre los trabajadores como en el propio Ayuntamiento. La situación empeoró cuando, en el mes de mayo, la sociedad obrera decidió asignar trabajadores a distintas fincas sin el consentimiento de sus dueños, amparándose en la legalidad vigente. A esto se le llamó trabajo “al tope”. Aquella decisión desembocó en enfrentamientos verbales, denuncias cruzadas y una huelga general que paralizó el municipio durante varios días, contenida únicamente por la intervención de la Guardia Civil.
El alcalde, Vicente Barranquero Ruiz, trató de mediar entre ambas partes, pero se vio superado por la intransigencia patronal y la ineficacia de los organismos provinciales. Llegó incluso a ordenar la detención de varios propietarios para forzar una negociación, logrando de manera provisional un acuerdo que puso fin a la huelga. Pero el conflicto reapareció poco después, alcanzando también al orden público. Se produjo continuos roces entre la Alcaldía y la Guardia Civil, a la que el alcalde acusaba abiertamente de favorecer a los sectores conservadores y de socavar su autoridad.
El ambiente se volvió aún más irrespirable cuando comenzaron a circular rumores sobre tenencia ilícita de armas que fomentó la psicosis de un golpe de Estado. Estos rumores dieron lugar a registros, detenciones y nuevos enfrentamientos entre vecinos y fuerzas del orden. En este contexto, el propio alcalde elevó un extenso informe al Gobernador Civil denunciando la actitud obstruccionista de la patronal, la pasividad del aparato judicial y el comportamiento de la Guardia Civil, a la que señalaba como instrumento de las derechas. En su defensa, reivindicaba su condición de socialista y su firme compromiso con el mantenimiento del orden dentro de la legalidad republicana.
Todo este cúmulo de situaciones convirtió a Almáchar en un fiel reflejo de la España de 1936: un país profundamente dividido, donde las reformas sociales chocaban con la resistencia de los viejos poderes, donde la autoridad del Estado se vio desbordada y donde el enfrentamiento político se infiltraba en la vida cotidiana. La tensión acumulada durante aquellos años no fue sino el preludio de una ruptura mayor que, pocas semanas después, desembocaría en la Guerra Civil.
LISTA DE PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS DE ALMÁCHAR 1931-1936
FUENTE
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Alcofar Nassaes, J.L.: Los legionarios italianos en la Guerra Civil Española. Dopesa, 1972.
Arcas Cubero, F.: El republicanismo malagueño durante la Restauración. Córdoba, 1985.
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González López, Francisco M.: La República en la Axarquía. El caso de Colmenar. Ayuntamiento de Colmenar. 2008.
González de Molina, M.; Caro Cancela, D.: La utopía racional. Universidad de Granada, 2001.
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AHPM – Archivo Histórico Provincial de Málaga
AHMM – Archivo Histórico Municipal de Málaga
ADM – Archivo de la Diputación de Málaga
Archivo Temboury
Archivo Díaz Escovar
Archivo Municipal de Almáchar.
Testimonios orales: Antonio Samos Gómez, Juan Muñoz Heredia, Antonio Pérez Gámez, Francisco Barranquero Barranquero, Francisco Martín Gámez, José Palma Gámez, Miguel Cisneros Fernández, Ramón Portillo Santiago, Manuel Pérez Pérez, Antonio Gómez Fernández.
Registro en DOI 10.5281/zenodo.18407300.
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