Sentencia: pena de muerte
- Chesko González
- 10 sept
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VENGANZA
8 de febrero de 1937. Apenas habían transcurrido siete meses del estallido de la Guerra Civil cuando Vélez-Málaga cayó en manos de las tropas de Franco. Desde ese momento, el municipio quedaba sometido a la estricta jurisdicción del Código de Justicia Militar, suplantando al Código Penal ordinario.
De inmediato se puso en marcha la maquinaria represiva, alimentada por la sed de venganza de quienes habían sufrido persecuciones o el asesinato de algún familiar durante los meses previos. Aquellos vecinos que no lograron huir —o sencillamente los que permanecieron confiados en la idea de que, si no tenían las manos manchadas de sangre, nada debían temer— quedaron atrapados en una vorágine de denuncias, muchas veces fundamentadas en simples rumores.
Cualquier indicio de haber participado, de un modo u otro, en la llamada “revolución marxista” fue considerado prueba suficiente para comparecer ante un Consejo de Guerra. En él se juzgaba la actuación “política y social” de los acusados: haber sido miliciano, haber desempeñado un cargo de responsabilidad política, haber pronunciado declaraciones antifascistas en público o incluso haber participado en huelgas o manifestaciones antes del 18 de julio de 1936, constituían algunas de las imputaciones más habituales. Entonces, se les acusaba de adhesión o auxilio a la rebelión: una trágica paradoja urdida por los auténticos sublevados contra quienes curiosamente se habían mantenido fieles a la legalidad republicana.
EL PRIMER JUICIO SUMARÍSIMO
Durante los primeros días el juez militar Rodrigo Vivar Téllez y el secretario Ángel Maestre Daza, ambos abogados naturales de Vélez-Málaga, recopilaron denuncias contra sesenta y cuatro inculpados. Aquellas denuncias fueron aceptadas y ratificadas sin la más mínima investigación. El propio lenguaje técnico-jurídico utilizado en las actas dejaba entrever el cínico formalismo con el que el nuevo poder quiso revestir la represión.
Así, Remedios Alba Espinar y María Fernández Jiménez, churreras de 42 y 37 años, fueron acusadas de una conducta “completamente revolucionaria”, de ser “excitadoras de masas” y de mostrar “manifestaciones de regocijo” ante los crímenes cometidos. La delación se basaba únicamente en el testimonio de vecinos que afirmaban haberlas visto, de madrugada, sirviendo churros a los milicianos que regresaban de su guardia nocturna. Similares cargos se levantaron contra Remedios Mata Páez, jornalera, y Encarnación Jiménez Ajenjo, conocida como la Pacheca, por supuestamente mostrar alegría cuando eran asesinadas personas “de orden”.
Otros casos fueron los de Antonio Román Jiménez, barrendero de 43 años, que fue denunciado como “extremista” y “desafecto al Movimiento Salvador de España” por haber saqueado la casa de un vecino fallecido, cuando en realidad se encontraba recogiendo basura por la calle Provisión en el momento en que unos milicianos depositaron en su carro una máquina de escribir; o Julián Lobillo Valdés, jornalero de 35 años, tachado de “ultra extremista” por amenazar con una pistola al vecindario y jactarse de los crímenes cometidos, aunque los testigos admitieron que tales afirmaciones eran simples rumores de la “opinión pública en general”.
El jornalero Rafael Ortega Roca, de 63 años, fue acusado de propagar “hechos infundados” contra su antiguo patrón, lo que habría provocado su asesinato. José Gutiérrez Torres, de 67 años, fue considerado “sujeto peligrosísimo para la Causa Nacional”, pese a que “no ha cometido desmanes”. Y Fernando Romero Espinosa, apodado el Gato, fue enjuiciado por tener en su poder una máquina de escribir que, según la acusación, había robado, aunque en realidad la había comprado legalmente por 35 pesetas a unos soldados marroquíes que participaron en la toma de la ciudad.
La suerte no fue distinta para los que tuvieron alguna significación política. Tal fue el caso de Juan Chicano Santana, dependiente de 30 años y concejal de Izquierda Republicana. Aun habiendo protegido a tres familiares perseguidos por los milicianos, fue igualmente acusado de “ideas extremistas” y “propaganda de su ideal”, lo que le condujo frente al tribunal militar. Otro ejemplo fue Antonio Lanzas España, bracero de 43 años y presidente de la Sociedad Obrera de la UGT en Caleta de Vélez. Había requisado los muebles de un cortijo con el fin de protegerlos del saqueo de los milicianos de Algarrobo. Esa acción, interpretada como delito, y el hecho de haber “echado a los obreros al tope” antes de la guerra, le valieron para ser enjuiciado.
En parecida situación se hallaron Félix Acosta Fernández, concejal del Frente Popular; Pedro Molinero Alonso, presidente de la CNT de Torre del Mar; José Castilla Villalba, vocal del Comité de Enlace; Victoriano Cabra Cerezo, jornalero de Cómpeta domiciliado en Torre del Mar; Vicente Navarro Burgos, secretario administrativo del Partido Comunista de Vélez; o Francisco Santiago Santiago, cuñado del diputado republicano Federico Casamayor Toscano, denunciado por haber ofendido a la Guardia Civil.
Finalmente, Martín Briones Delgado, escribiente de 33 años afiliado al Partido Radical, fue señalado tras haber aceptado, pocos meses después del golpe militar, la presidencia del Comité de Control e Incautación por elección de la Federación de Dependientes de Comercio. Su intención, según se deduce, era proteger a su padre, antiguo empleado municipal al que vinculaban con los insurrectos. Se le acusó de haber ordenado la incautación de una ferretería perteneciente a la familia Fernández, asesinada en aquellos días. Presionado por denuncias y venganzas ajenas, terminó compareciendo ante el juez militar.
La legislación castrense también consideró “enemigos” al conjunto de los milicianos, por su participación en “requisas”, “saqueos”, combates o asesinatos. Bastaba con haber montado guardia, intervenir en una detención o registro, o simplemente mostrarse en público portando un arma. La represión no distinguió entre quienes se habían alistado en las milicias por las diez pesetas de jornal —un salario muy superior al que habían conocido hasta entonces— y aquellos que participaron en los temidos “paseíllos”.
Uno de ellos fue Manuel Trujillo Pastor, apodado el Bizquillo, pescador de apenas 22 años y cabo de milicias en Torre del Mar. El 13 de septiembre de 1936, el Comité de la Barriada le ordenó la detención de José Aurelio Gordillo Morales, joven falangista de 19 años. Trujillo cumplió la orden y lo entregó al organismo competente, que dispuso enviarlo a Málaga para ser procesado por un Tribunal Popular.
Otro caso fue el de Diego Parra Robles, de Torre del Mar, acusado “por referencia” de haber detenido el 20 de julio de 1936 al párroco Manuel González Pareja. Aunque los denunciantes reconocían que Parra no había sido el “ejecutor material del asesinato”, lo señalaron como cómplice.
El zapatero José Santana Sánchez, en los primeros días de la guerra, acompañaba a grupos de milicianos que incautaban armas de fuego a quienes las poseían. Cuando en la ferretería de José López Fuentes y Joaquín Lupiáñez Ruiz no encontraron armas, requisaron cuchillos y hoces. Ese solo hecho bastó para que fuera acusado como “autor material de asaltos y robos en esta ciudad”.
También fue procesado Juan Cortés Villar, herrero de 36 años, acusado de requisar armas a vecinos de la calle Canalejas. Francisco Berrocal Fernández, viajante de 32 años, fue nombrado teniente de milicias “honorario”. Nunca empuñó un arma, pero aun así fue procesado. Algo parecido ocurrió a Juan Quintero Moreno, dependiente de 26 años, nombrado capitán del Batallón Vélez sin que mediara su consentimiento. En esa unidad fueron reclutados de manera obligatoria numerosos empleados de comercio. Quintero, que intentó esquivar el cargo escondiéndose en casa de Antonio Delgado Carmona, no pudo evitar el mencionado cargo.
El colmo del paroxismo lo padecieron los sepultureros José Martínez de la Chica, José Fernández Rodríguez y Juan Utrera Santiago, acusados de burlarse de los cadáveres que recogían en un furgón, poniéndoles el puño en alto y “mofándose de ellos”. Tales imputaciones, como tantas otras, se sustentaban únicamente en el “he oído que”.
El 25 de febrero de 1937 el juicio se inició con la solemne fórmula: “Reunido el Consejo de Guerra Permanente número 2 para ver y fallar la presente causa (…) dada cuenta en audiencia pública, vistas las actuaciones, oídos los informes del Fiscal y Defensor y las manifestaciones de los procesados”. Una burda pantomima, pues en la práctica no existía posibilidad real de defensa. El fiscal pidió la pena de muerte para cincuenta y nueve de ellos, mientras que a los cinco restantes se les impuso la condena de reclusión perpetua. La sentencia fue finalmente elevada al Auditor de Guerra de Málaga.
El 1 de marzo de 1937, el Consejo de Guerra, al no apreciar “injusticia notoria en la valoración de las pruebas”, aprobó la sentencia y la comunicó de inmediato al comandante Militar de la Plaza de Vélez. Entre los enjuiciados, solo seis lograron salvar la vida: Francisco Delgado Delgado, Manuel Ruiz Ocón, de Benamocarra; María Galán Ruiz, Aurora Fernández Jiménez, Miguel López Gutiérrez, de Vélez; y Antonia Recio Pastor, esta última se libró de la máxima pena por hallarse embarazada.
La madrugada del 2 de marzo los funcionarios de la cárcel leyeron en voz alta la lista negra de quienes serían conducidos al cementerio. Uno a uno, los reclusos salieron de sus celdas y aguardaron en silencio en el patio hasta las cuatro de la mañana, cuando, en dos turnos, fueron subidos a un ómnibus que los trasladó hacia la muerte. En las tapias del cementerio, bajo la oscuridad de la noche y el frío de la madrugada, fueron fusilados.
Algunos familiares, desgarrados por la angustia, corrieron tras el vehículo que llevaba a sus seres queridos, gritando desesperadamente sus nombres en un último intento de despedida. La ciudad entera quedó marcada para siempre por aquella noche, en la que solo se escucharon gritos, sollozos y descargas de fusilería.
CONTINUAN LOS FUSILAMIENTOS
A este juicio le siguieron otros. Solo en el mes de marzo fusilaron a 123 personas, cifra esta que muestra la verdadera intención del nuevo poder establecido: implantar el terror en la población. Para finales de 1937 son ya 165. Los últimos fusilamientos en Vélez-Málaga se llevaron a cabo en abril de 1940, un año después de acabada la guerra.
En total hubo 229 víctimas sentenciadas a muerte en el partido judicial de Vélez-Málaga, las cuales se encuentran en varias fosas comunes del cementerio de la ciudad. El 6% fueron mujeres, el 46% veleños y el 54% de otros municipios de la comarca. La represión también actuó en todo el territorio de la Axarquía. No es raro hallar en muchos pueblos la existencia de fosas comunes en la actualidad.
MUERTE EN LA CÁRCEL
En febrero de 1937, cuando la bandera nacional ondeaba ya en el Ayuntamiento de Vélez-Málaga, la llamada Cárcel Vieja se hallaba desbordada. En apenas unos meses, sus calabozos vieron pasar a centenares de prisioneros, silenciosos testigos de la dureza y el dramatismo de aquellos días sombríos. Frente a ella, en una casa que había sido colegio de párvulos —hoy desaparecida— se levantaba la prisión de mujeres.
La vida en el interior de la cárcel se organizaba con rigidez castrense. Los presos eran dispuestos en brigadas de treinta o treinta y cinco, encabezadas por un “cabo de brigada”: hombres de condenas menores que, a cambio de la confianza de los oficiales, se convertían en sus ojos y oídos. El ritmo del encierro lo marcaban los llaveros, custodios de las puertas: uno dentro, conviviendo con los reclusos, y otro fuera, aguardando la llegada del oficial que cada mañana atravesaba el zaguán para el recuento. Al caer la tarde, el ritual se repetía.
La cárcel contaba con dos cuerpos de guardia: en la planta de arriba, oficiales y auxiliares; frente a la entrada, un destacamento de falangistas, siempre de retén.
Los alimentos eran escasos, racionados, y muchas veces eran las familias quienes acudían a llevar café, mantas o comida. Una fila interminable de madres, esposas e hijos se extendía cada mañana desde la cárcel hasta la calle San Francisco.
La higiene era precaria, y la necesidad obligaba a remedios insólitos. A veces se permitía a los presos asearse en la fuente de Fernando VI, comúnmente llamado la de los Cuatro Caños; en otras ocasiones, eran llevados en pleno invierno hasta el río Vélez, obligados a bañarse desnudos en sus aguas. No todos resistían aquella tortura. El pescador José Páez Moral, de cuarenta años, murió de angina de pecho poco después; Antonio Martín Gallego, vecino de Canillas de Aceituno, sucumbió a la tuberculosis. La muerte silenciosa recorría los pasillos sin distinción de edad: ancianos como José López Martín y Antonio Ruiz Campos, o el jornalero Antonio Pérez Gálvez, que expiraron seguramente por el maltrato físico que sufrieron. Otros, como Miguel Maraneda Muñoz, acabó con su vida —o se la arrebataron— ahorcándose.
Tampoco las mujeres escapaban al oprobio. Acusadas de “rojas”, eran rapadas al cero en la sede de Falange de la Plaza del Carmen, antes de ser arrojadas al presidio. Allí se buscaba quebrar no solo sus vidas, sino también sus creencias. Concha y Carmen Lagos, esta última embarazada, fueron obligadas a confesarse ante un cura; al negarse Carmen, el clérigo la golpeó con furia hasta dejarla tendida en el suelo.
El 7 de abril de 1937, un desfile militar atravesó Vélez celebrando la toma de Santander. Desde una ventana de la cárcel de mujeres, Aurora Fernández Jiménez, de 29 años, se asomó con la esperanza de ver a su hijo entre la multitud. A ella ya le habían arrancado a su hermana, fusilada semanas antes. Un oficial, al descubrirla, ordenó que retirase la cabeza. Ella, desafiante, permaneció. Entonces, un disparo sonó entre el bullicio. Aurora cayó fulminada. Irónicamente el 12 de abril de 1943 aún se estaba tramitando su expediente sumarial en el entramado burocrático militar, consiguiendo la conmutación de la pena cuando Aurora llevaba muerta seis años.
El 2 de agosto de 1938 tuvo lugar la única fuga registrada en la cárcel de Vélez-Málaga durante la Guerra Civil. En el recuento de la tarde, varios presos de los 204 que se encontraban encerrados atacaron a un auxiliar con un objeto punzante y, en el caos, lograron abrir la puerta y lanzarse a las calles. La persecución posterior permitió la captura de la mayoría de los fugados, muchos de ellos jornaleros de pueblos de la Axarquía.
El juez militar abrió una investigación para determinar si había complicidad entre presos y guardias. Las declaraciones fueron contradictorias: algunos reclusos negaron cualquier conspiración, mientras otros admitieron que existía un plan entre ciertos presos, pero sin participación de ningún personal del exterior.
El 5 de agosto se celebró un consejo de guerra. La sentencia fue ejemplarizante: cuatro penas de muerte —ejecutadas esa misma noche— y dos de reclusión perpetua. Las autoridades justificaron la dureza para evitar futuras evasiones.
Finalmente, debido a la saturación de las prisiones y a la tensión generada por esta fuga, se ordenó el traslado de numerosos reclusos desde Vélez a la Prisión Provincial de Málaga, de donde fueron redistribuidos a otras cárceles de la zona nacional. En total, al menos 1.183 presos de la Axarquía fueron trasladados a lo largo de 1938.
ESTADÍSTICAS
Para la creación de la siguiente estadística estuve investigando durante 5 años en diferentes archivos y consulté fuentes bibliográficas especializadas. Los nombres de las víctimas pueden ser consultados en mi libro que aparecen nombrado al final de este artículo, en el apartado de fuentes.
ABOGADOS - JUECES Y SECRETARIOS - QUE FORMARON PARTE DEL ENGRANAJE DE LA REPRESIÓN MILITAR EN EL PARTIDO JUDICIAL DE VÉLEZ-MÁLAGA ENTRE 1936 Y 1942
Año: 1937-38.Juzgado nº: 23, 4.
Juez: Rodrigo Vivar Téllez. Secretario: Ángel Maestre Daza.
Año: 1938.Juzgado nº: 6.
Juez: José Gallardo Ros. Secretario: Ángel Maestre Daza.
Año: 1938.Juzgado nº: 21.
Juez: Antonio Esquivias Franco. Secretario: Ricardo Bautista de la Torre.
Año: 1939.Juzgado nº: 60.
Juez: Ignacio J. de Olazabal y de Vedruna (alférez de infantería). Secretario: José Cros Muñoz (sargento de infantería).
Año: 1939.Juzgado nº: 5.
Juez: José Quiroga Seoane (teniente de infantería). Secretario: José Marín Acosta y José Cruz del Rincón.
Año: 1939.Juzgado nº: 12.
Juez: José Vives Accino (alférez honorario). Secretario: José Marín Acosta, Manuel García Cruzado y Francisco Bustos Gascón.
Año: 1939.Juzgado nº: 12.
Juez: Augusto Baena Jerez (alférez). Secretario: José del Pino Martínez (sargento).
Año: 1939.Juzgado nº: 12.
Juez: Víctor García Mayor (capitán). Secretario: José del Pino Martínez (sargento).
Año: 1939.Juzgado nº: 18.
Juez: Antonio Martín Rivera (alférez). Secretario: Rafael García López, Juan Gómez Martín y José Cros Muñoz.
Año: 1939.Juzgado nº: 3.
Juez: Ramón Valle Aranda (alférez). Secretario: Manuel García Cruzado.
Año: 1939.Juzgado nº: 12, 51.J
uez: Guillermo Poyan Caamano (alférez). Secretario: Francisco Parrado Cabello (soldado).
Año: 1939-42.Juzgado nº: 61, 18.
Juez: Antonio Vera Rey. Secretario: Francisco Moya Ojeda y Vicente Hernández Soto.
Año: 1939-42.Juzgado nº: 26, 3.
Juez: Felipe de Torres del Solar (teniente). Secretario: Vicente Hernández Soto (sargento).
Año: 1939-42.Juzgado nº: 12, 5.
Juez: Mariano González Luque (teniente) y Augusto Baena Jerez. Secretario: Rafael Fernández Postigo (sargento).
Año: 1940.Juzgado nº: 68.
Juez: Jesús González Rodríguez (alférez) y Antonio Vera Rey (alférez). Secretario: Enrique Fernández Quintana y Vicente Fernández Soto.
Año: 1941.Juzgado nº: 32.Juez: Antonio Vera Rey y Felipe de Torres del Soler. Secretario: Vicente Hernández Soto y Daniel García García (sargento).
FUENTE
Francisco Miguel González López (2008): La historia que nunca se contó. La represión en el municipio de Vélez-Málaga durante la guerra civil. Edición Ayuntamiento de Vélez-Málaga.
Nadal, Antonio (2003): La Guerra Civil en Málaga. Editorial Arguval.
Archivo Histórico Provincial de Málaga
Sumario de los Archivos del Juzgado Togado Militar Territorial nº 24 de Málaga, nº 23 de Almería.
Actas de defunciones: Registro Civil de los pueblos de la Axarquía.
BOE (Boletín Oficial del Estado). Años 1936-1945.
Actas de Quintas y Reemplazos, Archivos históricos municipales.
Archiv der KZ-Gedenkstätte Mauthausen.
Archivo de la Guerra Civil de Salamanca.
FOTOS: Archivo de la Universidad de Málaga y fondos propios.
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